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Prólogo

En los últimos diez años la llamada recuperación de la memoria histórica ha entrado en la agenda social y política de nuestro país. Como resultado de un movimiento social creciente, se promulgó en el año 2007 una ley que reconoce y protege los derechos de aquellas personas que fueron objeto de persecución durante la Guerra Civil y la dictadura franquista[1]. Se trata de una memoria compleja, repleta de matices.

A menudo se tiende a convertir en un conflicto el recuerdo de la guerra civil, desde la dicotomía entre la izquierda y la derecha, entre los republicanos y los franquistas. Contrasta con la realidad del ambiente social, cultural y político que construyeron los vencedores, que estuvo marcada por la negación y persecución de cualquier diferencia. Se reprimía la colaboración o relación con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares no oficiales, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia. El franquismo también trató de erradicar el ejercicio de conductas vinculadas con determinadas opciones culturales, lingüísticas y de orientación sexual. Incluso cuando algunos de estos elementos iban acompañados de un ideario político cercano al del Gobierno.

Para comprender el complejo contexto de la identidad española actual es fundamental conocer el pasado y los procesos a través de los cuales se ha ido construyendo nuestra trama social. Todos los gobiernos gestionan la cuestión identitaria de una forma o de otra. La dictadura franquista aplicó una gestión de la identidad española estrecha –delimitando muy claramente lo que era ser español– y rígida –al fijar su planteamiento identitario en instrumentos jurídicos–, que abarcó los diferentes elementos de construcción del imaginario colectivo como la educación, los medios de comunicación, la cultura o la política.

Para el franquismo la «españolidad» se basaba en elementos fijos, de los cuales nos interesan especialmente tres:

1) Una única religión, la católica; así se impone el catolicismo como religión del Estado, en una especie de simbiosis entre régimen e Iglesia; hasta tal punto que las faltas al código moral católico eran perseguidas por los tribunales civiles, convirtiendo los pecados en delitos.

2) Una cultura única, la castellana. A nivel estatal se desarrolla un proceso de centralización cultural, en el cual se eliminan los gobiernos autonómicos, se dificulta, en ocasiones incluso prohíbe, el uso de otros idiomas presentes en el territorio, se castellanizan los nombres, se releen simbólicamente los bailes populares y los deportes tradicionales para dotarlos de sentido «nacional»… A nivel personal se coaccionan los individuos hacia un modelo basado en la familia tradicional/patriarcal en cuya base está la mujer-madre, y que niega la diversidad en la orientación sexual.

3) Y, finalmente, en una única ideología, la nacional-católica. Se impide la presencia de pensamientos ideológicos disidentes en la esfera pública, con la prohibición de partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas no católicas… En un proceso de justificación del régimen se relee la historia y se «reconstruyen» los periodos de la Segunda República y de la Guerra Civil. Con ello se conformó un Estado en el que las mujeres no podían abrir una cuenta corriente sin el permiso de sus maridos, los sindicalistas podían ser encarcelados por su actividad política y los niños protestantes podían ser separados de sus padres por no ser educados en la fe católica.

La construcción de religión/cultura/ideología como un solo cuerpo se encapsula en los textos legislativos promulgados por el Gobierno dictatorial. Se pretendía que la identidad existiera en singular y se elaboró un cuerpo legislativo que prohibió cualquier variación. No obstante, dos procesos van a influir en el cambio de este modelo: uno, interno, la Transición, y el otro, externo, la globalización. El Estado español de la Transición y de la globalización se encuentra en un proceso de reconocer y reflexionar sobre su pasado e, igualmente, de asumir las múltiples combinaciones que pueden conformar la identidad de sus ciudadanos. Así, los gobiernos posteriores a la Transición han pasado a la gestión de identidades.

En este proceso vamos observando la aceptación y creación de marcos para la expresión y desarrollo público de las culturas nacionales internas, principalmente en el caso de aquellas regiones con un idioma propio, como ocurre en Euskadi, Cataluña o Galicia. También en comunidades como Extremadura o Andalucía, en las que se están recuperando referencias de un acervo cultural que les es propio y que, igualmente, se vio frenado por el franquismo. La puesta en marcha de políticas lingüísticas para recuperar los idiomas ahora considerados cooficiales, o el establecimiento de instituciones culturales regionales pensadas para recuperar una historia «no centralizada», son algunas de las actuaciones llevadas a cabo en los 30 años posteriores a la Transición. Asimismo se ha puesto en marcha lo que algunos autores han llamado una «discriminación positiva», como un modo de recuperación cultural interna. El debate actual se basa en cómo enmarcarla en algo más amplio y común a todos los españoles. Hemos pasado de reivindicar lo que me diferencia como catalán, a lo que une a un catalán y a un extremeño. Las nuevas formas de comunicación o interacción, los avances tecnológicos y comunicativos, permiten además a estos catalanes y extremeños estar en contacto con un «acervo cultural global». Eso dota a las relaciones entre las diferentes culturas españolas de una horizontalidad paralela a las tradiciones locales o regionales.

Como consecuencia de su ubicación geográfica y su posicionamiento en la economía global, el Estado español ha pasado a integrar nuevas redes migratorias. Personas de orígenes diversos se han sumado a aquellas otras provenientes de países con los que hemos tenido una historia compartida, y que aportan su complejidad a la ya diversa sociedad española.

En el campo de lo religioso, un estudio de las diferentes constituciones aprobadas en España en los siglos xix y xx nos muestra una alternancia de orientaciones confesionales y laicistas, o incluso anticlericales[2]. En el pasado siglo, la Segunda República elaboró una legislación marcadamente anticlerical, que fue seguida del ultraclericalismo de las Leyes Fundamentales del Reino, promulgadas por el franquismo. La Transición rompe con esta dicotomía y el Gobierno termina planteando una normativa que crea un espacio de libertad para todas las religiones, incluso para la ausencia de creencias[3].

A pesar de la complejidad reconocida y de los cambios normativos llevados a cabo, esa «identidad unitaria» encapsulada por el franquismo es problemática en el periodo post-Transición. El modelo unitario franquista creó un imaginario colectivo que perdura en el tiempo. Eso explica que, incluso treinta años después del final de la dictadura, perdure la noción de que todos los católicos son de derechas y todos los nacionalistas son de izquierdas, o que públicamente se debata cómo es posible que, en un barrio conocido por una relevante presencia de población homosexual, como es el barrio de Chueca en Madrid, el Partido Popular sea el más votado en unas elecciones, como ocurrió en el año 2008.

Este libro, resultado de una investigación sobre «memoria histórica y libertad religiosa» fruto de la colaboración entre la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pretende ser parte de ese proceso de reconocimiento del pasado, principalmente de aquellas realidades que fueron invisibilizadas por el relato oficial. El conocimiento es uno de los pasos para la aceptación de lo que nos constituye como sociedad y para la normalización de la diferencia. Por ello nos parece importante contar la Historia nombrando las historias de las personas que la vivieron y que sufrieron persecución, en este caso por luchar por el derecho a vivir según sus convicciones religiosas.

Emilio Silva[4] y José Manuel López Rodrigo[5]

[1] Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quiénes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (BOE n.º 310, 27 de diciembre de 2007).

[2] J. M. Contreras Mazarío, «La libertad de convicción y religión en el sistema jurídico español», en I. Martón Sánchez y M. González Sánchez (coords.), Algunas cuestiones controvertidas del ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en España, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2009, pp. 11-49.

[3] De hecho, la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa fue la primera en regular un derecho fundamental en el periodo democrático.

[4] Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

[5] Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Introducción

Para muchos ciudadanos españoles su país es, y ha sido desde hace muchos siglos, católico, no mayoritariamente católico, sino únicamente católico. El peso de la Iglesia católica y del catolicismo en el país es innegable, pero es necesario recuperar para el relato histórico la diversidad religiosa que acompaña, principalmente desde finales del siglo xix, a esa España católica. El objetivo central de esta obra, de carácter divulgativo, es dar a conocer esa otra parte de la historia de España: la de las confesiones minoritarias en España a partir de la Segunda República.

La Segunda República, a la que se dedica el primer capítulo, significó un respiro para buena parte de la población española, entre la que se encontraban aquellas personas que profesaban otras religiones diferentes a la católica. El Gobierno republicano inicia un proceso en el que pretende velar primordialmente por el papel de la autoridad civil como valedora de los derechos de los ciudadanos al margen de la Iglesia. Plantea la separación de la influencia política y económica que la jerarquía eclesiástica ejercía sobre las decisiones de los poderes públicos, al tiempo que pretendía dar respuesta a aquellas personas que habían visto limitado y perseguido el ejercicio público de sus cultos. El Manifiesto de 15 de abril de 1931, que define el estatuto jurídico del Gobierno, y el Decreto de 22 de mayo del mismo año sobre libertad de conciencia constituyen el primer intento de crear un sistema igualitario en el marco de la libertad de creencias y de culto. Es un intento que, en esos momentos, católicos y pensadores libres critican como una oportunidad perdida por el «ataque» directo, que en la Constitución de 1931 se hace a los privilegios de la Iglesia. Ese germen de un espacio de libertad duró únicamente hasta las primeras elecciones realizadas en 1933, ya que, incluso antes de la Guerra Civil, la victoria de la derecha y el nombramiento de Alejandro Lerroux como jefe de Gobierno, dan paso a la «rectificación» y revisión de las reformas que pretendían una paulatina secularización de los usos sociales: el matrimonio civil, el divorcio, el enterramiento civil…

El segundo capítulo se dedica a la Guerra Civil a la que da origen el golpe de Estado de julio de 1936. Durante el transcurso de la misma conviven dos Estados en un país dividido: un Gobierno legítimamente electo y otro, que se crea paralelamente, con todo el aparato propio de un Estado. El Gobierno republicano reaccionó tratando de defender la legalidad, proteger las instituciones y garantizar su normal funcionamiento, dando una especial atención a la educación y la infancia, mientras que el bando nacional combinó la insurrección con la construcción de un nuevo Estado totalitario, desarrollando una activa tarea legislativa e iniciando un proceso de destrucción de los logros políticos y sociales de la República. El bando nacional impregnó sus acciones y decisiones de un espíritu de unificación, orientado por la divisa «Un Dios, una Patria, un Caudillo». Paralelamente al Gobierno oficial, el bando nacional reconoce en la educación y la cultura un vehículo para conseguir la unidad ideológica, y religiosa, con una restauración del papel de la Iglesia católica: se revisa la doctrina educativa, así como la producción normativa creando un modelo en el que la Iglesia, y su capacidad de interferencia en la vida de los ciudadanos, resulta aún más reforzada.

La Guerra Civil fue devastadora y todos aquellos que se habían posicionado a favor del régimen político anterior iban a ver cómo se aniquilaban las huellas de su presencia y su legado. El tercer capítulo está dedicado a ese Gobierno que iba a salir vencedor de la guerra y que se sitúa en el contexto de un proceso de reacción nacionalista y autoritaria que cruzó Europa en el periodo entre las dos guerras mundiales. En ese proceso, las clases dominantes redefinieron las teorías de la gobernación política para basarlas en un nacionalismo político, económico y social dominado por la soberanía indiscutible de un Estado fuerte que interfiere en todos los aspectos de la vida nacional. España rompe con los principios de liberación individual de la Segunda República y transita hacia un régimen autoritario, que se sostiene en el ejército y en la Iglesia. En cuanto Estado dictatorial, altamente centralizador y burocrático, todos los elementos de la vida social, incluidas la memoria y la historia, son utilizados como instrumentos de poder y de perpetuación del discurso oficial sobre la identidad (católica) nacional. En este contexto, el nuevo poder vigente define como enemigos a todos aquellos sectores de la sociedad que pudieran representar un peligro para el modelo de Estado único que se estaba gestando. Masones, comunistas, protestantes, todos se transforman en amagos de fragmentación. Las confesiones minoritarias pasan del reconocimiento público que habían logrado a enfrentarse a una realidad en la que se niega no sólo sus derechos sino su misma existencia.

Cada grupo social y cada contexto histórico poseen mecanismos de preservación, transformación y transmisión de los valores constituyentes de su(s) identidad(es). La memoria y la historia, en cuanto elementos de la producción de conocimiento, permiten crear una imagen idealizada de la identidad cultural y nacional. Los Estados dictatoriales utilizan esta potencialidad de la memoria y de la historia como forma de legitimación de su poder al afirmar una verdad (histórica) como absoluta y al suprimir del relato oficial las contradicciones internas, la diversidad cultural y religiosa. El Gobierno franquista, incluso aún antes de terminar la Guerra Civil, plasma todas sus decisiones en textos normativos, construyendo el marco legal que regirá la sociedad y que legitimará, ante el futuro y el extranjero, sus acciones. La normativa y demás documentos oficiales representan un intento de producción institucional de las identidades culturales. La representación que en ellos se construye de lo que es España, y de cómo son los españoles, contiene una discriminación jerárquica y moral –con la consecuente desigualdad de poder– respecto a todos aquellos que no conforman esa imagen.

El hilo conductor de este libro es justamente la normativa: la que posibilita y la que limita el ejercicio y manifestación de las prácticas religiosas de una parte de la sociedad que se mantuvo fiel a sus creencias a pesar de que éstas la transformaban en enemiga del Gobierno de su propio país. Tres elementos fueron manejados para conseguir la unidad nacional: la normativa, la educación y los mecanismos de represión. La producción normativa constituyó un instrumento para conseguir la legitimidad de esa unidad territorial y espiritual de España basada en los sentimientos de nación, hispanidad y catolicismo. La educación, en cuanto instrumento de socialización, propiciaba el terreno perfecto para la divulgación y delimitación de una panoplia de valores (seleccionados por el Estado) en el marco del proceso de legitimación social y política por parte de las ideologías vigentes. Y la represión se encargaba de crear un sentimiento de miedo, tanto al Estado como a los demás ciudadanos, propiciando el control del potencial cuestionamiento de la situación política. El armazón legal daba legitimidad al Estado, y la educación y la represión condicionaban mentes y cuerpos.

Para legitimar su poder, el Estado franquista intenta construir un ideal abstracto de la historia y cultura de España, una imagen uniforme y atemporal de la nación, lo que implicará controlar y suprimir los discursos sociales divergentes que contienen en sí mismos la semilla del cambio y la fragmentación. La construcción tanto de la memoria como de la historia colectiva española, y por tanto de la identidad oficial, que legitima el franquismo está marcada por el catolicismo. Al sentir que las confesiones religiosas constituyen una amenaza (real o no), el poder oficial crea imágenes deformadas de las creencias del «enemigo» que se propagan a través de generaciones. La reinterpretación intencionada y consciente del pasado y del presente, propagada a través del aparato educativo, fija los hechos en una verdad inmutable. La existencia de una verdad oficial o institucional, que legitima una ideología o un régimen y que se entrega a todos los miembros de la sociedad, legitima el proyecto unificador, en los planos político, simbólico y cultural, creado por el Régimen.

Esta obra de carácter marcadamente divulgativo no pretende hacer un relato detallado de la historia de las diferentes confesiones religiosas presentes en España. Lo que sí pretende es dar a conocer la existencia de otras confesiones religiosas más allá del culto oficial asociado al poder político, y reconocer el hecho de que su lucha ha propiciado el acceso a unos derechos civiles de los cuales disfrutan hoy día todas las personas que viven en España, incluidas aquellas que no profesan ninguna religión. El Concilio Vaticano II y el cambio de rumbo en la ideología de la Iglesia católica propiciado por el mismo facilitaron que ese proceso se iniciara aun durante la dictadura, con la aprobación en 1967 de la Ley Regulando el Ejercicio del Derecho Civil a la Libertad en Materia Religiosa. Las confesiones religiosas no se acomodaron a este marco de libertad controlada, y continuaron la lucha, igual que lo siguen haciendo, por conseguir el reconocimiento de su derecho al real ejercicio de la libertad religiosa. El ambiente político creado por la Transición, y los cambios sociales vividos por la propia población, ha propiciado el marco de mayor libertad religiosa que ha conocido la historia de España. A ese periodo se dedica el último capítulo, que funciona a modo de conclusión.

Justamente por referirse a la historia silenciada de esa lucha, en esta obra hemos querido recuperar dos fuentes de información únicas e insustituibles: por un lado, el testimonio de personas y colectivos que han participado en la lucha por el derecho a vivir y demostrar públicamente su pertenencia a una confesión religiosa minoritaria y, por otro lado, la propia documentación histórica. La reproducción facsímile de la misma pretende únicamente posibilitar el acceso directo, sin interpretaciones ni mediaciones, a algunos hechos que son parte de la historia de todas las personas que viven en este país, y no simplemente de los creyentes de las diferentes confesiones.