criminología
y
derecho
traducción de
VÍCTOR GOLDSTEIN
La ciencia y la investigación de la prueba
siglo xxi editores, s.a. de c.v.
CERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS, 04310, MÉXICO, D.F.
siglo xxi editores, s.a.
GUATEMALA 4824, C1425BUP, BUENOS AIRES, ARGENTINA
siglo xxi de españa editores, s.a.
MENÉNDEZ PIDAL 3 BIS, 28036, MADRID, ESPAÑA
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primera edición en español, 2006
segunda reimpresión, 2010
© siglo xxi editores, s.a. de c.v.
primera edición digital, 2014
© siglo xxi editores, s.a. de c.v.
eISBN: 978-607-03-0628-0
primera edición en francés, 2001
segunda edición en francés, revisada, 2003
© presses universitaires de france, parís
título original: manuel de criminalistique moderne.
la science et la recherche de la preuve
derechos reservados conforme a la ley
En unos pocos meses la criminalística ha evolucionado a grandes zancadas, por lo cual es necesario mencionar los progresos más importantes reciente o próximamente utilizados por la policía científica.
Los ejemplos escogidos cubren diferentes campos.
Es muy posible que un juez federal de Filadelfia, Louis H. Pollak, deje su huella en la historia judicial norteamericana. En un fallo pronunciado al margen el 7 de enero de 2002 en el caso “Estados Unidos vs. Plazza”, puso nuevamente en tela de juicio la fiabilidad del sistema de identificación con la huella digital, pues a su modo de ver la probabilidad de certidumbre no es de un ciento por ciento y por ello siempre existe el riesgo de equivocarse. La misma argumentación podría también aplicarse a las huellas genéticas. Lo importante es que, en la incertidumbre, el experto debe pronunciarse con una certeza específica, esto es, debe calcular el porcentaje de riesgo de error.
Los demás países no siguen puntualmente esta revisión de los norteamericanos.
Las autoridades francesas contemplan, para la futura tarjeta de identidad electrónica que se espera para 2007, la incorporación en la propia tarjeta de una huella digital como sistema de identificación.
Recordemos, sin embargo, que este sistema es una de las tecnologías biométricas más fidedignas y que ha sido segura desde hace un siglo (caso Scheffer, marzo de 1902). Actualmente lo utilizan todos los cuerpos policiacos del mundo.
Hoy por hoy el archivo de huellas genéticas solamente contiene el perfil de las personas sentenciadas. Va a extenderse a los sospechosos y a los acusados, inspirándose en el modelo anglosajón.
En el plano técnico, la elaboración de este nuevo archivo ha planteado numerosos problemas, especialmente en lo relativo a la conservación de las muestras que por ley deben guardarse durante cuarenta años. Los trabajos de A.J. Jeffreys datan apenas de 1985, por consiguiente no se posee la suficiente distancia para saber con certeza cómo conservar una huella genética durante cerca de medio siglo sin que se degrade.
Como en el caso de cualquier muestra biológica, evidentemente en lo primero que se piensa es en la conservación por congelación a –86 °C. Esta técnica compleja y costosa es aplicable únicamente a las muestras ya tomadas, porque en 2001 Francia decidió adoptar la tecnología FTA (Finders Technologies Associates), elaborada por un equipo de investigadores australianos, y que consiste en la utilización de un “secante” químico que permite tomar y luego conservar el ADN a temperatura ambiente.
La utilización de kits de muestreo FTA hará que se multiplique de manera exponencial la cantidad de perfiles tomados cada año.
En el plano metodológico la identificación de un individuo por su tipo de ADN presenta para mí dos inconvenientes mayores:
— una contaminación siempre posible de la matriz de ADN del sujeto con ADN proveniente del manipulador o del medio externo;
— una duración demasiado prolongada de análisis.
La utilización de chips con el ADN eliminará los inconvenientes que acabamos de citar. Sirven para identificar la presencia y la expresión de los genes en cualquier muestra biológica: sangre, saliva, orina, etc. Se trata de laminillas de vidrio de unos centímetros o milímetros cuadrados con minúsculas cavidades que forman depósitos.
Se colocan las muestras de ADN amplificado por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (multiplicada en miles de ejemplares) y que se desea identificar. Gracias a un tratamiento microscópico e informático, el chip con ADN es capaz de reconocer a continuación la presencia del gene en la muestra. Las partículas de ADN de este último están desnaturalizadas, de suerte que se depositan en el chip en forma de simples partículas, que buscarán espontáneamente su partícula complementaria en las cavidades. Una lectura con láser permite al técnico controlar la fluorescencia emitida por las reacciones moleculares, por ende de certificar la presencia de tal o cual gene, gracias a complejos programas de lectura de imágenes y de bioinformática. Así, existen ya en el mercado chips capaces de identificar miles de genes diferentes sobre una superficie de unos pocos milímetros cuadrados.
En el plano práctico, la obtención de resultados es mucho más rápida: menos de media hora con los chips, en tanto que con los métodos tradicionales actualmente utilizados varias horas son necesarias.
No cabe la menor duda de que el empleo de chips se generalizará en el futuro para los análisis de ADN en la escena del crimen.
Por lo demás, los chips de laboratorio que se están comercializando actualmente también están en plena evolución, en torno a dos vertientes: el alto costo y el diagnóstico.
Los mercados son muchos y conocidos. El del bioterrorismo ha llamado mi atención ya que permite una detección rápida de agentes infecciosos, como el bacilo del carbón o el virus de la viruela.
Ante semejante miniaturización (nanotecnología), hay quienes aventuran la comparación con la invención del circuito integrado, que hizo caber una sala de cálculo de los años sesenta en una sencilla calculadora.
Hasta hoy los especialistas en policía técnica y científica han realizado análisis sobre todo por activación neutrónica en el campo de las pinturas o para descubrir rastros de elementos metálicos o anfotéricos: plomo, cobre, bario, antimonio, mercurio, en las manos de un tirador.
Estas técnicas se emplean también en documentos, para revelar lavados, correcciones o falsificaciones diversas. En este último caso la técnica por activación se ha abandonado para dar lugar a otros métodos menos pesados que utilizan emisiones electromagnéticas.
En Estados Unidos, los criminalistas afirman que con este método pueden determinar la cantidad de arsénico contenida en el cabello o las uñas como prueba de envenenamiento delictivo e identificar el origen de un simple cabello comparando con cabellos tomados de la cabeza de un sospechoso. En caso de confirmación, el buen viejo método de espectrofotometría de absorción atómica será definitivamente abandonado.
El tráfico ilícito de materiales nucleares y los consiguientes problemas ecológicos han dado nacimiento a una nueva disciplina: la criminalística nuclear.
Ésta consiste en refinar técnicas para mejorar la coordinación entre los métodos básicos de la criminalística y las necesidades específicas del científico nuclear. Se ha puesto el acento en reforzar la colaboración con los servicios de policía científica con el fin de preservar, en la medida de lo posible, la cadena tradicional de pruebas dentro de los límites impuestos por las emisiones radiactivas y la contaminación.
A título de ejemplo, una partícula radiactiva llamada “zona peligrosa”, más o menos de 1 mm, encontrada en una playa próxima a la instalación nuclear de Dounreay (Escocia), proveniente de una salpicadura accidental que se produjo hace varios años, fue identificada por medio de la microscopía electrónica de barrido, que mostró una imagen compuesta de la repartición de los elementos radiactivos en la partícula (matriz aluminio-uranio).
Es posible que un radar de auscultación geológica concebido para misiones de índole civil permita en el futuro encontrar cadáveres desaparecidos.
Este material sirve actualmente para tratar de recuperar osamentas o cuerpos enterrados en diversos casos muy sonados en los medios, como el caso Doutroux en Bélgica o el caso Fred West en Gran Bretaña.
Según los geólogos, este procedimiento es aleatorio, pues, por ejemplo, un suelo húmedo arcilloso que ha sido labrado frena las ondas de radio. Además, en grandes superficies el radar no distingue entre un hueso y una rama. No obstante, este aparato permitió descubrir un cadáver disimulado debajo de una plancha de hormigón. Constructores de este tipo de material van a impulsar investigaciones para producir un aparato más apto. Ello no obsta para que su costo de uso siga siendo muy alto, unos cuatro mil euros al día.
Un nuevo servicio administrativo acaba de ver la luz por decreto del 3 de mayo de 2002 (JO, 4 de mayo de 2002): “la oficina central encargada de las desapariciones preocupantes de personas”. Su objetivo es centralizar todos los datos y las informaciones relativas a las personas desaparecidas y después coordinar las diferentes indagaciones e investigaciones.
Esta oficina central está incorporada al ministerio del Interior, pero asocia a sus tareas los servicios del ministerio de la Defensa y de la Dirección Central de la Seguridad Pública. La finalidad es, en realidad, centralizar las investigaciones no solamente en el plano nacional sino también con otros países, signatarios junto con Francia de los acuerdos de cooperación internacional. Ésta es la razón de que dicha oficina constituya, para Francia, un punto de centralización de todos los intercambios internacionales relacionados con este tipo de asuntos.
El polígrafo anglosajón recibe el nombre espectacular de “detector de mentiras”, cuando lo que hace en realidad es una prueba de veracidad. En su versión clásica, estos aparatos utilizan toda una serie de captores para evaluar y registrar la emotividad del sujeto.
Los elementos que se toman en cuenta, la respiración, el ritmo cardiaco y el reflejo llamado galvánico, son hoy completamente insuficientes. Los polígrafos modernos contienen electrodos digitales para registrar el sudor, parámetro especialmente discriminante.
Existen, efectivamente, dos clases de glándulas sudoríparas: las apocrinas, que intervienen en el proceso de termorregulación, y las ecrinas, situadas principalmente en la palma de las manos y la planta de los pies, que se activan en caso de emoción. Son, pues, un factor preferente en este tipo de estudio.
Existen dos métodos para cuantificar la actividad de las glándulas ecrinas: uno consiste en medir la producción de gotitas de sudor cuando salen de los orificios sudoríparos, ya que el volumen es directamente proporcional a la actividad glandular; el otro consiste en la medida de la actividad electrodermal por conductancia que resulta del principio de que una microcorriente que pasa a la superficie de la piel está en relación directa con la producción de sudor.
Cabe recordar que los países de la Common Law (Gran Bretaña, India, Canadá, Estados Unidos, sobre todo) utilizan el polígrafo porque su sistema judicial descansa en un procedimiento acusatorio. Es tarea del acusador aportar la prueba de las acusaciones que ha presentado, mientras que en Francia el proceso es indagatorio: toca al acusado probar que no cometió los actos de que se le acusa. El proceso indagatorio es, por ende, incompatible con la utilización de métodos artificiales que puedan conducir a confesiones, ya se trate del detector de mentiras (polígrafo), del narcoanálisis (suero de la verdad) o de la hipnosis.
ALAIN BUQUET
La noción de prueba está íntimamente ligada a la de criminalística.
La policía y la justicia buscan establecer la verdad por todos los medios de prueba a su alcance. En todas las épocas, este problema de la administración de la prueba fue el principio rector de las legislaciones, y será a partir de la prueba científica como la justicia podrá definirse acerca de la culpabilidad de un sospechoso. En consecuencia, la convicción que lleve a la decisión debe ser el desarrollo crítico de un examen total de los hechos. La imprecisión, la fragilidad y la relatividad del testimonio humano, ampliamente demostradas en los anales judiciales, condujeron progresivamente a la justicia a adoptar testimonios más objetivos, tales como las pruebas indiciales, que —como decía Locard1 cuando aludía a los indicios— “si bien no dicen toda la verdad, eso es todo lo que dicen”.
La identificación de los indicios materiales de los hechos es el objeto de la criminalística, definida como el arte y la ciencia de descubrir, analizar e identificar tales indicios. Demuestra, establece la verdad de una cosa o de un hecho, y debe ser convincente, evidente y formal. La justicia procederá a la identificación del autor de un delito o un crimen precisamente a través de esa demostración.
Para un espíritu moderno, la búsqueda de la prueba no puede abstenerse de la ciencia; en tal sentido, la criminalística apela ampliamente a las técnicas y métodos de las ciencias experimentales y aplicadas. Multidisciplinaria por esencia, esta multiplicación de las ciencias y técnicas impone una gran especialización que permita circunscribir problemas cada vez más complejos, que se inscriben en un marco definido y específico, como, por ejemplo: la antropometría, la dactiloscopia, la informática, la balística, la toxicología, la identificación de las manchas, rastros y huellas diversas…, etcétera. Así, cada experto judicial, inscrito en la lista nacional establecida por la Corte de Casación o en una de las listas estipuladas por las cortes de apelación, está en la obligación de poseer un arsenal de materiales y procedimientos técnicos y científicos muy diversificado: la tercerización de los trabajos corrientes está prohibida por razones evidentes que incumben al secreto. Cuando se trata de una persona moral (laboratorio), además de la obligación de los medios, la puesta en marcha de los métodos debe ser efectuada por un personal altamente calificado formado en dichas técnicas, y sometido al consentimiento de la jurisdicción (artículo 157-1 del CPP*). Por último, una persona física no inscrita obligatoriamente debe prestar juramento (artículo 160, al. 2 del CPP).
El método de trabajo se apoya en dos principios generales, la búsqueda de la similitud, que apunta a establecer la identidad, y el estudio probabilístico, que procura la certeza. Con el rigor fáctico y los progresos de la policía científica, hoy la confesión es acaso menos esencial que hace veinte años.
Como el error es la obsesión del experto, éste procederá a realizar verificaciones con varias técnicas destinadas a evitarlo, cada vez que esto sea posible.
La fuerza de la prueba en criminalística reside en el hecho de que ella demuestra, pero también en que es intrínseca, porque su base es la índole del hecho o de la cosa, el lugar, el tiempo, el testigo, los indicios, etcétera. Habiendo comenzado por ser empírica, la prueba se vuelve racional, ya que la verdad científica exige la certidumbre, cuando con mucha frecuencia la verdad jurídica sólo pretende la verosimilitud. La prueba técnica y científica se refiere a protocolos de observación, que implican medidas, cada vez que ello sea posible.
Así, una hipótesis cuyas consecuencias son confirmadas por la experiencia es admisible, y una hipótesis cuyas consecuencias son invalidadas por la experiencia es inadmisible. Por tanto, la prueba experimental es un factor de progreso en la medida en que opera una selección entre las hipótesis en presencia.
Cualesquiera que sean las contingencias, el perito interviene en la investigación penal como auxiliar del juez. Le brinda una ayuda intelectual para esclarecerlo sobre problemas técnicos cuya solución es indispensable para la manifestación de la verdad.
Debe conducirse como un testigo que posee los conocimientos requeridos con honestidad, vale decir, con imparcialidad, a través de una sumisión constante a los hechos que le permitan orientar de manera útil al magistrado o a la jurisdicción judicial sobre quién lo cometió, y que conserve la libertad de apreciar el alcance de las conclusiones del informe y forjarse una convicción íntima. El pasaje de la prueba indicial a la demostración de la culpabilidad sólo puede ser garantizado por la interferencia con ella de las pruebas testimoniales y circunstanciales recogidas por la policía judicial.
No es menos cierto que, en el plano de la responsabilidad en materia civil, la jurisprudencia de la Corte de Casación no confluye con el análisis del Consejo de Estado. En efecto, dos tesis se encuentran en presencia:
— la del perito colaborador del servicio público de la justicia: es la tesis publicista;
— la del perito responsable, según las reglas de derecho común, de los artículos 1 382 y 1 383 del Código Civil: es la tesis privatista consagrada por la Corte de casación.
Por último, la nueva ley número 2 000-516 del 15 de junio de 2000 sobre la presunción de inocencia aplicada desde el 1 de enero de 2001 no hace sino reforzar la prueba material mediante el peritaje técnico y también científico, con la desaparición de la confesión y el derecho para los acusados de permanecer en silencio durante la indagatoria.
Antes de cerrar esta introducción, quiero rendir homenaje al señor profesor P. F. Ceccaldi, que, a lo largo de treinta años, fue director del Laboratorio de la identidad judicial de la prefectura de policía de París. De manera dual,2 juntos tratamos una gran cantidad de casos, algunos de los cuales eran procedimientos criminales de envergadura. Esta colaboración a lo largo de quince años me dejó grandes enseñanzas. Quiero expresar aquí el testimonio de mi sincero reconocimiento y mi profunda gratitud por su ayuda y sus numerosos e iluminados consejos.
Este preámbulo sobre la prueba en criminalística sirve de introducción al vasto tema desarrollado en un plano que pretende ser esencialmente técnico y científico. Sin embargo, de entrada, parece interesante referirme a algunos casos que entran en el marco de la criminalidad internacional y que llegaron a buen puerto gracias a la utilización de métodos particulares de investigación científica de la prueba indicial, adaptados a los casos especiales de informaciones judiciales escogidas.
Sin lugar a dudas, los casos evocados ya fueron definitivamente juzgados, las vías de recursos fueron agotadas o han prescrito, y por tanto ya no están cubiertos por el secreto y forman parte de la historia judicial.
Entre 1979 y 1986, el grupo terrorista Acción Directa reivindicó alrededor de 66 atentados.
El primero —ametrallamiento del CNPF— se remonta al 1 de mayo de 1979, y el último —asesinato del señor Georges Besse— al 17 de noviembre de 1986.
Durante este periodo, las actividades de este grupúsculo fueron cada vez de mayor envergadura. En su origen, los miembros de la organización clandestina eran simples ponebombas vacilantes y en ocasiones torpes, pero con el correr de los años, a partir de comienzos de 1985, se convierten en asesinos. Su primera víctima: el ingeniero general de 1ª clase René Audran, director de Relaciones internacionales en el ministerio de Defensa. Lo acribillan de varios proyectiles de arma de fuego frente a su domicilio de La Celle-Saint-Cloud, a la vista de su hija, el 25 de enero, a eso de las ocho y media de la noche. Luego vienen las tentativas de homicidio por arma de fuego contra el inspector general del ejército Henri Blandin (26 de junio de 1985), en París, y contra el vicepresidente del CNPF, Guy Brana, y su chofer en Vésinet, el 14 de abril de 1986, y por último el asesinato de Georges Besse, CEO de la fábrica Renault desde enero de 1985. A partir de fines de 1985 y principios de 1986, la determinación de estos terroristas fue todavía mayor: citemos el ametrallamiento y atentado con explosivos a la sede de la Interpol que, en esa época, estaba situada en el 26 de la calle Armangeaud en Saint-Cloud.
La larga escalada culmina el sábado 21 de febrero de 1987 en el “aguantadero” del movimiento, una granja situada en Vitry-aux-Loges, pequeño pueblo de la periferia de Orleans. Como resultado de diversos informes serios, concordantes y coincidentes, de tres servicios de policía desde varias semanas atrás, se da la señal de asalto a la granja a las 20:50 horas por la autoridad a cargo. En cinco minutos, los cuatro jefes históricos de la organización: Jean-Marc Rouillan, Nathalie Menigon, Joëlle Aubron y Georges Cipriani, son interceptados y neutralizados por los hombres del RAID, que explotaron a fondo el efecto sorpresa para evitar una matanza, ya que los miembros de Acción Directa estaban poderosamente armados. La operación policial es un éxito total: ni una sola víctima en ninguno de los dos campos. Hay que destacar que el dispositivo desplegado era apabullante: tres servicios de policía, perros de presa, helicópteros, etcétera. Inmediatamente después del arresto comienza la búsqueda; que será larga, ya que culminará el domingo 22 de febrero, cerca del mediodía, cuando varios magistrados instructores de la 14ª sección del ministerio público encargado del asunto terrorismo llegan al lugar. La investigación será de lo más fructífera, porque la granja de Sologne de Vitry-aux-Loges es de hecho el centro operativo de la organización. El arsenal descubierto es impresionante, y comprende once armas: tres de repetición, un fusil de asalto Fal, una pistola ametralladora Vigneron y una ametralladora Sten; dos revólveres Smith y Wesson (357 y 38 especial); seis pistolas automáticas, entre ellas 3 colts 45, calibre 11.43 mm, un GP 35 mm Sig Sauer (calibre 9 mm) y un Herstal (calibre 7.65 mm), una decena de cajas de municiones. A lo que se añade un lote de explosivos en barra, un centenar de detonadores (Davey-Bickford) y varios centenares de metros de cuerdas detonadoras, contactos de tiempo y un manual técnico para tender trampas de explosivos para vehículos.
Los peritajes balísticos efectuados a pedido de Jean-Claude Willemin, magistrado instructor de los casos Audran, Besse, Brana y Blandin por los ingenieros del laboratorio del muelle del Horloge fueron llevados a cabo con rapidez. De las once armas capturadas, siete fueron empleadas en homicidios o estuvieron a punto de hacerlo. El fusil de asalto Fal de calibre 5.62 mm fue utilizado contra Guy Brana y el señor Fernández, su chofer, herido con dos balas. La pistola ametralladora Vigneron se utilizó contra el inspector general Blandin, situación en la que únicamente su auto recibió impactos, pero también en el atentado contra Brana. El revólver Smith y Wesson 38 especial ultimó a Georges Besse, y la pistola GP 35 también fue empleada durante el tiroteo. Por último, la pistola Sig Sauer se utilizó en la tentativa de asesinato de Henri Blandin.
La tarea de los técnicos de balística no fue fácil, pero el estudio de las balas en el microscopio comparador, de las vainas (impacto del percutor) y el de las huellas de la extracción de la culata y el eyector permitieron una identificación rápida a pesar del maquillaje clásico.
En efecto, basta con pasar tres o cuatro veces un papel de lija grueso por un cañón para falsear esas rayaduras capitales y modificar la firma de un arma. Luego, como lo hacía Mesrine, también puede darse un limazo sobre el percutor, complicando sobremanera de ese modo la identificación de las vainas. Por último, solución radical, puede cambiarse o el cañón o el cuerpo del arma culpable. Precisamente, fue esta última estratagema la que utilizó Acción Directa para el asesinato de Georges Besse, utilizando la pistola GP 35 cuyo cañón, luego de ser utilizado, volvió a instalarse en el cuerpo de un arma neutra.
Lo más extraordinario fue el descubrimiento de una enorme masa de documentos que incluyen una gran parte de los archivos y planes futuros del movimiento, así como de los materiales que sirvieron para su elaboración (fotocopiadora, varias máquinas de escribir, planchas de letras de transferencia del tipo Letraset, sobres “crudos”, el logotipo original, constituido por una estrella de cinco puntas, etcétera). Del estudio de los documentos surge que la “banda de los cuatro” tenía múltiples intereses y había constituido numerosos legajos sobre personalidades políticas, patronales o de lo más granado de París, libretas de direcciones, falsificaciones de todo tipo (documentos de identidad, tarjetas de ministerio, fichas de estado civil, etcétera), documentos técnicos sobre los explosivos y dispositivos de encendido, las matrices originales de las reivindicaciones enviadas a los medios, sobre todo la reivindicación del asesinato de Georges Besse.
Gran parte de los documentos incautados fue objeto de varias misiones de peritaje sumamente abarcativas. Era un verdadero trabajo de titanes en un plazo corto en el que cada documento fue identificado en el plano dactilográfico, reprográfico, soporte de papel, confección de los sobres, fabricación de documentos falsos,1 etcétera.
Para cada caso se estableció un cuadro sinóptico que establecía la comunidad de origen de las cartas reivindicatorias a partir de elementos distintos. Fue así como resultó posible empalmar entre sí 25 textos de reivindicaciones de atentados entre la dirigida a la AFP referente al atentado contra el Instituto Atlántico de relaciones internacionales, el 12 de julio de 1984, y el texto de reivindicación del asesinato de Georges Besse, el 17 de noviembre de 1986.
También se encontraron ciertos documentos que habían sido fabricados por la oficina descubierta en 1981 y cuyo peritaje había durado ocho meses.
Para la historia menuda señalemos que, durante las investigaciones, los servicios de policía utilizaron la fotocopiadora Canon PC 25 y varias máquinas de escribir para las necesidades del procedimiento.
Cuando estos materiales llegaron a manos de los peritos, los cartuchos negro, rojo, verde y azul marino de la fotocopiadora estaban prácticamente vacíos. Una observación análoga puede formularse por lo que respecta a las cintas de los casetes que equipan a algunas de las máquinas de escribir. Poco faltó para que la identificación resultara imposible, lo cual habría sido muy perjudicial, sabiendo que es rarísimo que los terroristas confiesen, y, en el caso de Acción Directa, sus miembros conservaban una mudez absoluta durante los interrogatorios, tras haber indicado que no tenían nada que declarar. Esta estrategia defensiva se prolongó en cada caso durante las diversas audiencias de la Sala en lo Criminal especial, que se desarrollaron ante una jaula de acusados vacía. En 1994, los miembros de la organización son condenados a reclusión perpetua más un periodo de seguridad de dieciocho años, en particular por el asesinato del general Audran en 1985 y el ex CEO de Renault, Georges Besse, algunos meses más tarde.
Durante las elecciones presidenciales de Brasil en 1989, Fernando Collor de Mello, candidato de la derecha populista, es elegido el 17 de diciembre en la segunda vuelta con el 53 por ciento de los votos contra el 47 por ciento para Luiz Ignacio Da Silva. Algunos días después de su entrada en funciones, el 16 de marzo de 1990, el presidente anuncia un muy severo plan antiinflacionario: sobre todo, bloqueo de los haberes en las cuentas bancarias, lo que provoca una caída brutal de la actividad del país.
A comienzos de mayo, el presidente pone en marcha un plan de reducción de los gastos estatales que prevé el despido del 20 al 25 por ciento de los 1.6 millones de funcionarios y la privatización de las empresas públicas “no estratégicas”, vale decir, que pone fin a cuatro decenios de proteccionismo industrial. El 3 de octubre de 1990, las elecciones regionales y federales, marcadas por una fuerte tasa de abstención, son favorables a los candidatos que apoyan a Collor, pero la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores del 25 de noviembre constituye un revés inesperado y serio para el presidente. A partir de fines de 1990 la atmósfera general de Brasil se degrada, para conducir a una previsible caída del jefe de estado. Tras el fracaso de sus dos planes precedentes de estabilización económica, el poder propone un nuevo gran proyecto de reconstrucción nacional. Sin embargo, el 5 de abril de 1991, el tribunal federal de San Pablo establece la inconstitucionalidad del congelamiento de los haberes brasileños. El 8 de mayo, golpe teatral, la ministro de Economía, señora Zelia Cardoso, dimite, arrastrando a varios otros miembros del equipo gubernamental. A lo largo de 1992, la aceleración de los casos es rápida: en efecto, durante enero, dimisión en cascada del ministro de Trabajo y el secretario de estado de Acción Social, el ministro a cargo de la Integración Económica y, por último, del ministro de Salud, acusado de corrupción: la situación económica de Brasil es catastrófica, la deuda externa más importante del Tercer Mundo se eleva a 122 mil doscientos millones de dólares. El FMI concede una ayuda de 2.1 millones de dólares para evitar la bancarrota.
En el mes de marzo de 1992, el presidente Collor obtiene la dimisión colectiva de su gabinete, para proceder a una reconstrucción ministerial.
El 24 de mayo hace saber que va a perseguir ante la justicia a su hermano Pedro, quien lo acusa públicamente de haber cobrado millones de dólares realizando negocios ilícitos y de haber consumido cocaína a los 25 años. El caso de familia se convierte en un caso de estado. Se constituye una comisión de investigación parlamentaria. El 3 de agosto de 1992, el ministro de Educación presenta su dimisión, aduciendo que el gobierno en funciones está más preocupado por su propia supervivencia que por el destino del país.
En el mes de agosto, el doctor Roberto Delmanto, abogado de Claudio Francisco Vieira, secretario de la presidencia, toma contacto telefónico para proceder al estudio de varios documentos que diferentes peritos brasileños consideran polémicos, y anuncia su próxima llegada a París. El 24 de agosto de 1992, la Comisión de investigación parlamentaria publica un informe abrumador que desmonta una gigantesca red de reciclaje de fondos secretos de la que hicieron uso el presidente Collor y su entorno. La destitución del jefe de estado está en marcha.
A comienzos de septiembre, el doctor Delmanto, abogado de Vieira, me hace llegar diferentes fotocopias color para que pueda ponerme a trabajar. Por otra parte, fijamos una entrevista en París para entregarme en propias manos los originales, que conservaré varios días para que las investigaciones puedan desarrollarse sin precipitación y proceder yo a exámenes técnicos y científicos no destructivos, o sea, sin perjudicar de ningún modo los documentos, ya que no estoy autorizado a efectuar ninguna remoción.
El 29 de septiembre de 1992, la Asamblea nacional vota la destitución del presidente Collor por una enorme mayoría: 441 votos sobre 503. Por consiguiente, es suspendido en sus funciones a partir del 2 de octubre; el vicepresidente, Itamar Franco, se convierte entonces en presidente de hecho. Los senadores, a su vez, van a pronunciarse sobre las acusaciones de corrupción que se hallan en el origen de esta cuestión. El 12 de noviembre se acusa a Collor de corrupción pasiva y de ser el jefe de una asociación ilícita, y es sospechado por desvíos de fondos por un monto de 55 millones de dólares.
Una de las bases de la acusación descansa en el hecho de que un contrato de crédito por un monto de 5 millones de dólares, firmado entre Vieira y la empresa uruguaya Alfa Trading S.A. para financiar la campaña presidencial, es una falsificación o, en el mejor de los casos, que la fecha del documento no corresponde a la realidad, de donde procede el nombre de “operación Uruguay”.
Con este documento también me fueron comunicadas dos órdenes de pago por 5 millones de dólares cada una y un acta notarial referente a la legalización de la firma del presidente de la empresa prestamista.
En consecuencia, la misión que se confía al doctor Delmanto resultaba delicada, porque de hecho se trataba de un problema de datación. Desde la inculpación del presidente, el abogado penalista era no sólo el abogado de Vieira, secretario de la Presidencia, sino que también estaba encargado de defender los intereses de Collor.
El 30 de noviembre de 1992 realicé un informe completo y fundamentado que permitía inferir que los documentos examinados eran auténticos. El contrato de crédito era una producción informática de una impresora Epson modelo LX 800, que se comercializaba antes de 1989. Asimismo, las firmas correspondían a los especímenes de referencia y de la misma época, etcétera.
Por tanto, de las verificaciones dactilográficas, técnicas, materiales y gráficas, resultaba que la fecha que figuraba en los documentos examinados correspondía a la realidad, o sea, el 16 de enero de 1989.
El 4 de diciembre de 1992, el informe era presentado a la prensa en un hotel de San Pablo, como lo exige la ley brasileña.
El 30 de diciembre, el Senado reconoce al presidente culpable de corrupción por haber tolerado y haberse beneficiado de una red de tráfico de influencias que mancillaba la dignidad de su cargo. El ex jefe de estado fue condenado sine die a la suspensión de sus derechos civiles durante ocho años.
Sus abogados, y sobre todo el doctor Delmanto, no se quedan de brazos cruzados en la defensa de sus clientes. Con el objeto de ser peritados, me someterán otros documentos, que serán objeto de dos informes complementarios fechados respectivamente el 23 de junio y el 6 de septiembre de 1993, y cuyas conclusiones eran favorables a Collor.
El 30 de diciembre de 1993 me presento para una audiencia ante el decano de los jueces de instrucción del tribunal de justicia de Évry, por comisión rogatoria internacional. Esta audiencia se refiere exclusivamente a mi informe del 30 de noviembre de 1992, cuyas conclusiones confirmé y desarrollé oralmente.
Pese al carácter alternativamente dramático y vodevilesco del procedimiento de destitución desencadenado contra el presidente Collor, éste llegará a buen puerto el 12 de diciembre de 1994.
Algunos meses más tarde el doctor Delmanto me dirigió una carta, cuyo contenido es el siguiente:
Estimado doctor, tengo el honor de confirmarle, por la presente, que mi cliente Claudio Francisco Vieira, ex secretario de la presidencia de la República de Brasil, fue sobreseído por unanimidad de todas las acusaciones que se le habían hecho ante la Corte Suprema Federal de Brasilia. Su magnífica opinión grafológica y técnica sobre la llamada “operación Uruguay”, préstamo contraído antes del ejercicio presidencial para financiar la campaña y cuyo excedente fue gastado por el señor Collor durante su mandato, fue de una importancia primordial para el feliz desenlace del proceso. Tanto el ministro informante como el revisor mencionaron expresamente su opinión, su excelente currículum de actividades profesionales, así como el hecho según el cual la acusación no logró producir ninguna prueba en contrario. Su trabajo también fue de una importancia fundamental para el sobreseimiento del ex presidente Collor, por cinco votos a favor y tres en contra, de la acusación de corrupción pasiva. Nosotros, mi cliente y yo, le agradecemos profundamente su formidable opinión, de la que siempre le estaremos agradecidos. Firmado Roberto Delmanto, Advocadia criminal.
Para ser exhaustivos, señalemos que el industrial Paulo César Farías, ex tesorero de la campaña presidencial, también fue sobreseído; en cuanto a Fernando Collor, el 29 de diciembre de 2000 recuperó sus derechos políticos, por lo que pudo haber sido candidato en las elecciones presidenciales de 2002.
Hipólito Fernández Villanueva, un tío bonachón español, emigra a Francia en los años sesenta. Empleado por una empresa de Marsella como experto en montaje de calefacción central, recorre toda Francia de obra en obra, en caravana con su familia. Luego de algunos años se establece en la región parisina y manda construir a crédito una casa en el Loiret. Pero en 1975 sobreviene la desocupación.
A los cincuenta años no encuentra trabajo, y las letras de cambio de la casa se acumulan. Para colmo de desgracias, su yerno se halla en la misma situación. Los dos, habiendo agotado todos sus recursos, encuentran una solución para sus problemas financieros. Comienzan por atracar al cartero, luego desvalijan oficinas de correos, farmacias, recaudaciones y, por último, agencias bancarias.
Para salvar las apariencias ante sus parientes, pretenden haber encontrado un trabajo y cada fin de mes traen una paga ficticia. Incluso, Hipólito y su yerno se van temprano de mañana para parodiar la salida al trabajo.
Luego de cinco años, los dos son detenidos bajo el cargo de haber cometido cincuenta y tres robos en el Essone, Loiret y los Hauts-de-Seine. Ambos hombres reconocen sus fechorías, que les produjeron cerca de 1 250 000 francos, y el 15 de octubre de 1985 se los condena a diez años de reclusión criminal.
Pero el 30 de agosto de 1977, en horas del mediodía, dos turistas alemanes penetran en una pequeña agencia de la Sociedad general de Courtenay. Se quedan totalmente asombrados de no encontrar a ningún empleado. Inquietos, inspeccionan el local y descubren el cuerpo del cajero. A su lado, una vaina de revólver da fe de lo que sucedió algunos minutos antes. No hay ningún testigo, salvo el objetivo de la cámara de vigilancia, que se pone en marcha automáticamente al abrirse la caja. En esa época, las cámaras estaban equipadas exclusivamente con un film de plata que, al ser revelado, no aportó muchos elementos de identificación. Se ve una mano que rompe los precintos plásticos que envuelven los fajos de billetes, así como la silueta de un hombre solo, que lleva una gorra y anteojos de sol. El film es de mala calidad, las imágenes carecen de nitidez y en ocasiones son vagas. La cara del individuo, de contornos inciertos apenas destacados, no dice absolutamente nada a los investigadores, y en 1980 el juez de instrucción dicta un auto de sobreseimiento. Algún tiempo más tarde, sin embargo, el caso vuelve a ponerse sobre el tapete. Durante una requisa en el domicilio de los dos hombres se encuentran unas armas, entre ellas una pistola Brownig Herstal, calibre 22 LR, la misma marca y tipo que el arma utilizada para el homicidio del cajero, el 3 de agosto de 1977. Sin embargo Fernández, que no tuvo problemas en confesar la serie de ataques a mano armada, niega airadamente. Los peritajes balísticos apoyan la acusación: la vaina recuperada en Courtenay habría sido disparada con el arma encontrada en casa de Hipólito. El juez de instrucción, Jean-François Dessagne, decide utilizar los films de la cámara. Un primer peritaje es confiado el 17 de enero de 1983 al profesor P. F. Ceccaldi, director del Laboratorio de identidad judicial de París, cuyas conclusiones parecerían “por un lado excluir a Henri Madrières, el yerno, y por el otro que no sería imposible que se tratara de Hipólito Fernández, pero que tampoco nada lo prueba”.
Como el magistrado instructor no está satisfecho de la imprecisión de las conclusiones del informe de la identidad judicial, nos confía una segunda misión el 31 de agosto de 1984. Las fotos antropométricas de Fernández, tomadas en el momento de su arresto, no tienen valor. Por otra parte, como durante la reconstrucción de los hechos el acusado se rehusó a dejarse filmar en la agencia de Courtenay, hacemos una sesión de tomas del acusado Fernández en el despacho del magistrado, reconstruyendo los elementos de la escena del robo. Se fotografía al reo en picado y en las mismas condiciones, gorra en la cabeza, anteojos sobre la nariz y arma en la mano. A partir de esos elementos, aquí es donde comienza la habilidad fotográfica.
En la misma escala gráfica de los negativos sacamos tantas copias como cuadros tenía la cámara de vigilancia. Las superposiciones fotográficas se realizan al milímetro. Luego procedemos a la mezcla de imágenes haciendo coincidir los dos negativos, el de la fotografía problema y el de la fotografía de comparación, que son ampliadas y colocadas en contacto con un papel bromuro. Logramos una fotografía compuesta por la mezcla de los dos negativos superpuestos. Jugando con la densidad óptica de los negativos, ya sea en el momento de la toma (velocidad) o del revelado, se puede lograr la preponderancia de una imagen respecto de la otra. Además, las similitudes de estatura y fisionomía sobre las once superposiciones efectuadas, los rasgos de detalles morfológicos (emplazamiento de los ojos, implantación del cabello, hoyuelo) coinciden punto por punto. Por otra parte, un tratamiento fotográfico del arma utilizada en otros tres ataques a mano armada reconocidos por Fernández permite confirmar que se trata de una pistola Herstal. El 24 de junio de 1986, la Sala en lo Criminal de Essone lo condena a reclusión perpetua.
Habitualmente, la criminología es considerada como la ciencia de las causas del crimen, pero, en la práctica, estudia el conjunto del fenómeno criminal. Es una ciencia que todavía está en sus comienzos, aunque data de fines del siglo XIX.
La criminología contemporánea no se limita ya al conocimiento de los factores del crimen, también se extiende al conjunto de las infracciones y delitos pasibles de sanciones penales.
Al respecto, se distinguen:
• la criminalidad perceptible: que comprende la totalidad de las infracciones llevadas a conocimiento de las autoridades de policía o de gendarmería;
• la criminalidad real: que está constituida por todas las infracciones cometidas en un instante determinado;
• la criminalidad legal: que está compuesta por el conjunto de las condenas penales dictadas por las jurisdicciones represivas de un país.
Según el sentido que puede adoptar la palabra “causa”, se distinguen dos formas de criminología:
Los criminólogos clínicos consideran como causa el encadenamiento de las circunstancias que condujeron a los individuos a cometer delitos o crímenes cuyo grado de responsabilidad se quiere conocer para permitir la evaluación del perjuicio, o descubrir comportamientos que permitan sospechar un nuevo pasaje al acto con una predisposición o no por la recidiva. Naturalmente, este tipo de diagnóstico tiene importantes consecuencias desde el punto de vista judicial, sobre todo por lo que respecta a la orientación y seguimiento de los delincuentes, sean detenidos o no, así como su eventual tratamiento terapéutico o psiquiátrico.
Ésta descansa en una generalidad de observaciones que abarcan un amplio campo de acción y en una comparación estadística de poblaciones determinadas.1 En el caso de este enfoque, la causa corresponde al comportamiento criminal respecto de la norma de la gente honesta.
La criminalística2 se integra a la criminología, constituye una ciencia gemela muy diferente y complementaria al estudio doctrinario y se aplica al fenómeno llamado “crimen” tomado en el sentido amplio del término, vale decir, toda agresión dirigida contra valores morales o sociales legalmente definidos o penalmente protegidos.
Sin duda alguna, el principal precursor de la criminalística en Francia es Edmond Locard, quien fue profesor adjunto y luego preparador y jefe de trabajos del famoso Alexandre Lacassagne. Tras haber servido como médico militar, dio una reputación internacional a la cátedra de medicina legal de la Universidad de Lyon y fundó los archivos de antropología criminal que aparecieron de 1886 a 1915. En 1910 creó el primer laboratorio francés de policía científica que aplicaba los métodos científicos a los problemas policiales. Locard establece un principio de “intercambio” basado en el hecho de que un individuo siempre deja huellas de su pasaje en el lugar, y recíprocamente, cuando se va, de la misma manera se lleva elementos a veces microscópicos del medio en que se encontraba, sobre su ropa, la piel, las suelas, etcétera. La exploración de todos esos indicios requiere habilidades pluridisciplinarias.
A partir de entonces, Locard va a encarar todas las cuestiones de criminalística. En 1929 funda la Revue international de criminalistique (Lyon, Editorial Desvignes). En el primer número, ubicándose bajo el patrocinio de sus ilustres predecesores Lacassagne, Bertillon, Gross y Reiss, enumera las diferentes investigaciones técnicas y científicas de la pesquisa criminal, que desarrolla en el magistral tratado de criminalística, en 7 volúmenes, publicado entre 1931 y 1940.
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